Inclusión social de jóvenes extutelados con discapacidad intelectual o problemas de salud mental

La investigación acerca de los itinerarios a la vida adulta de los y las jóvenes que han estado en el sistema de protección, así como la evaluación de los programas dirigidos a ellos, se ha incrementado en distintos países del mundo a lo largo de los últimos años. Algunos ejemplos en España son los estudios de del Valle et al. (2008), Montserrat et al (2011), Jariot et al (2015), Ballester et al (2016) y Melendro (2017). También se ha ido avanzando en la incorporación de este tema en los marcos legales de algunas comunidades autónomas (por ejemplo, Baleares desde el 2015, Cataluña desde la ley 14/2010) y su mención en la ley estatal de 26/2015. Asimismo, desde Cataluña cabe resaltar la labor que se lleva a cabo desde la Àrea de Suport a Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET) de la la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència (DGAIA), un departamento de la administración pública creado en 1994 con el fin de desarrollar programas (pisos asistidos, prestación económica, inserción sociolaboral, asesoramiento legal) dirigidos a los jóvenes extutelados. Finalmente cabe mencionar la Federación de Entidades con Proyectos y Pisos Asistidos (FEPA) de ámbito estatal que agrupa numerosas entidades de ayuda a los jóvenes egresados en su proceso de autonomía, emancipación e inclusión social y que promueve estudios centrados en dichos procesos (Montserrat, Casas y Sisteró, 2015).

Para muchos jóvenes que han estado en el sistema de protección hasta cumplir la mayoría de edad, el momento de dejar los recursos de protección y empezar un proceso de emancipación supone entrar en una etapa muy vulnerable, con pocos apoyos, sentimientos de soledad, e incertidumbre sobre cómo continuar con sus vidas. La población de jóvenes egresados se emancipa con una media de edad mucho más baja que la de otros chicos que viven con sus familias (Wade y Dixon, 2006), y además con menos apoyos y recursos (Stein y Munro, 2008). Algunos estudios han indicado que los jóvenes egresados, comparado con el resto de jóvenes que no viven estas circunstancias en su vida, presentan tasas más elevadas de abandono escolar y desempleo, tienen menos oportunidades de seguir con los estudios postobligatorios y tienen más riesgo de presentar abuso de drogas, problemas de salud mental, y embarazos no deseados (Courtney y Dworsky, 2006; Brady y Gilligan, 2018). Pero, por otro lado, son notorios los ejemplos de jóvenes resilientes que, a pesar de las condiciones adversas, no presentan estos problemas y a partir de la investigación se han detectado factores facilitadores en su transición a la vida adulta; en este sentido un meta-análisis sobre los factores que influyen en la formación y vida laboral de los jóvenes egresados afirma que haber tenido estabilidad en su vida mientras estaban en el sistema de protección es un factor clave (Cassarino, Crous et al, 2018).

Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que el conjunto de jóvenes egresados es muy heterogéneo. En este sentido hay algunos que afrontan las dificultades relacionadas con la emancipación con problemas de salud mental o con una discapacidad intelectual. Según Meltzer et al. (2003), la tasa de problemas mentales de los jóvenes egresados es seis veces más alta que la de aquellos que no han sufrido un ingreso en el sistema de protección debido a situaciones de maltrato o abandono, y a menudo estos problemas son informados por los propios jóvenes durante su etapa de transición a la vida adulta (Dixon, Wade et al., 2006). Además, estos jóvenes muchas veces se sienten poco partícipes y con la percepción de poco control sobre sus vidas, por lo que es de suma importancia que los servicios ofrezcan programas motivadores que potencien su rol como agentes activos y protagonistas de sus vidas (Dalton et al., 2016; Fargas-Malet y McSherry, 2017). Por otro lado, también los jóvenes con discapacidad intelectual están sobrerrepresentados entre el colectivo de jóvenes tutelados. Las condiciones adversas de su infancia les supone a menudo tener mayores dificultades funcionales y de comportamiento, más problemas físicos y más dificultades de aprendizaje (Trout et al., 2009).

La investigación sobre los itinerarios que siguen los jóvenes egresados con este tipo de dificultades, así como la evaluación de programas – escasos – dirigidos a ellos es hasta el momento prácticamente inexistente en España. Es por esto por lo que con la financiación de Fundación SM, desde el equipo de investigación ERIDIQV de la Universitat de Girona se ha empezado un proyecto con el objetivo de evaluar los recursos específicos para jóvenes egresados del sistema de protección con discapacidad intelectual y problemas de salud mental. La evaluación de este proyecto tiene una duración de 3 años (2018-2020). Los servicios que se incluyen en la evaluación son los pisos asistidos para máximo 4 jóvenes de entre 18 y 21 años que sean puesto en marcha recientemente en Cataluña, junto con los programas que les acompañan de orientación sociolaboral, apoyo a los itinerarios formativos, terapéuticos y de apoyo emocional.

La evaluación de estos programas tendrá 2 dimensiones, la descriptiva y la formativa. De este modo se recogerán datos cuantitativos y cualitativos cada año con el objetivo de realizar una valoración descriptiva y monitorizar la situación de estos jóvenes en distintos ámbitos, así como una evaluación formativa con el fin de valorar la incorporación de cambios y mejoras en sus programas a medida que avanza el proceso de evaluación. Se analizarán las bases de datos (parte más cuantitativa) y se organizarán grupos de discusión (parte más cualitativa) con los jóvenes que viven en los pisos y también grupos de discusión con los educadores/as para profundizar en la evolución del proyecto. Así, la devolución y discusión de resultados será periódica a lo largo de les tres años.

Las entidades participantes en la evaluación que tienen estos pisos asistidos son las siguientes: Aprodisca (aprodisca.org), Intress (intress.org), Catalònia Fundació Creactiva (cataloniafundacio.cat), Fundació Privada de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (fundaciosantpau.cat) y Tresc (fundaciotresc.org) en las localidades de Reus, Lleida, Rubí, Santa Coloma de Gramanet y Girona, respectivamente.

Esta investigación se empezó con la presentación del proyecto a las entidades el pasado mes de mayo (2018) y cuenta con la colaboración de la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) y su Área de apoyo a los jóvenes tutelados y extutelados (ASJTET). Dicha colaboración se ha formalizado a través de un convenio entre administración pública y Universitat de Girona con el fin de dar cobertura legal a la explotación de datos con finalidades académicas y científicas.

En general, existe un consenso entre los distintos agentes sociales sobre la importancia y necesidad de desarrollar y evaluar este tipo de intervenciones y programas e identificar y desarrollar los apoyos y recursos necesarios para facilitarles la igualdad de oportunidades y, por lo tanto, los apoyos que se necesitan para favorecer su inclusión social.

Autoras: Carme Montserrat y Gemma Crous.